¿Puede la lucha contra el Crimen Organizado dañar la institucionalidad del Estado?
Entre tantos problemas que los Estados modernos deben enfrentar en esta época, están también las nuevas patologías de la sociedad del Siglo XXI: el Tráfico de Drogas y el Crimen Organizado, el cual debe ser combatido no solo por razones del Estado Nacional, sino por presiones de la Comunidad Internacional, fundamentalmente por presiones de los Estados Unidos de América, que ha convertido ese combate en uno de los compromisos más importantes que los países deben cumplir si desean conservar sus buenas relaciones con el Gigante del Norte.
Por supuesto que las razones internas para cada Estado son también de extrema importancia para enfrentar la tarea de combatir al crimen organizado y el tráfico de drogas y entre las más importantes están las de retar el control territorial de los países y corromper a sus instituciones por dentro, disminuyendo por lo tanto su capacidad punitiva y sus posibilidades de mantener una gobernabilidad razonable en todo el territorio nacional, pero si ya el costo de combatirlo es una carga demasiado grande para los Estados de ciertas regiones del mundo como la de Mesoamérica, la capacidad de resistencia de estos grupos es aún mayor problema por sus recursos y sus armas, al punto de estar retando la capacidad misma del Estado para combatirlos, como se ha podido ver en México a pesar del indudable poder y la fuerza del Estado Mexicano.
Pero este combate al crimen organizado está causando un fenómeno y un efecto que a la larga podría ser más dañino a la institucionalidad de los Estados de los países que mencionamos, y es que la seguridad ciudadana de varias maneras está pasando a un segundo plano y entonces, el crimen callejero, el robo de celulares, las pequeñas extorsiones a los negocios que tanto daño le están causando a este sector de la economía, el robo en los vehículos, el asalto en los autobuses o a la salida de los bancos están creando una sensación de inseguridad y de crítica en la sociedad, especialmente en los sectores medios, a la incapacidad de los gobiernos para darle seguridad a los ciudadanos que no solo desprestigia al Gobierno de turno, sino que al sistema democrático en general poniéndolo cada día más en peligro y propiciando una sensación de incapacidad gubernamental y ausencia de gobernabilidad que puede traer en picada los logros políticos de la región alcanzados en los últimos años.
Parece ser, que políticos y analistas, de los gobiernos y de fuera de ellos exigen una revisión de la forma en que se están enfrentando estas dos patologías y tratar de determinar en qué forma y con qué recursos deben enfrentarse, probablemente revisando las prioridades del trabajo local y el esfuerzo de la comunidad internacional. De primera mano pareciera necesario crear una nueva división del trabajo, asignándoles a las Instituciones Internacionales la lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado y a los Estados la lucha en contra de las pequeñas pandillas que tanto afectan la seguridad ciudadana en su vida diaria. Esta es la discusión pendiente.
